El 24 de marzo celebramos un aniversario más del martirio de San Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador,  asesinado por ser fiel al evangelio y denunciar con valor los abusos de un gobierno que, para mantener los intereses de los privilegiados, estaba masacrando a su pueblo.

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El  nombramiento primero como Obispo y luego como Arzobispo, fue una desagradable sorpresa para los movimientos católicos más progresistas,  pues consideraban a Monseñor Romero demasiado conservador.  De hecho, el Gobierno y las fuerzas más reaccionarias celebraron su nombramiento por creer que se dedicaría a frenar la labor  de la iglesia comprometida con los más pobres y con la transformación de las estructuras injustas.

Unas pocas semanas después de su nombramiento como Arzobispo, el 12 de marzo,  fue  asesinado el jesuita Rutilio Grande, que trabajaba en la concientización y organización  del campesinado y que era muy amigo de Monseñor Romero. El recién electo arzobispo instó con fuerza  al presidente Molina a que investigara y castigara a los responsables  de su muerte  y ante la pasividad del gobierno y el silencio de la prensa amordazada por la censura, amenazó con el cierre de las escuelas católicas y con la ausencia de la Iglesia  en los actos oficiales.

Desde ese momento, su compromiso con el pueblo va a ser cada vez más sólido y radical. Como él mismo declaró: “Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. El evangelio me impulsa a hacerlo y en su nombre estoy dispuesto a ir a  la cárcel y a la muerte”. De hecho, su actitud lo llevó a la muerte  pues fue asesinado el 24 de marzo de  1980.

El recuerdo de  Romero me ha traído a la mente la figura de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, Nicaragua, condenado a 26 años de prisión  en la Cárcel Modelo de Matagalpa, por el régimen  de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Estando cumpliendo arresto domiciliario por sus críticas a las violaciones de los derechos humanos y a las políticas represivas del régimen, Ortega quiso acallar su voz profética enviándolo al destierro junto con otros 222 presos políticos. Cuando estaba  a punto de abordar el avión, Monseñor Álvarez se negó  a subir pues prefirió seguir trabajando por la libertad desde  su tierra nicaragüense.  La justicia de Nicaragua, fiel siempre a las orientaciones   de Ortega, sentenció a Monseñor a 26 años de cárcel por traición a la patria y por desobedecer una orden del Estado. Además, fue despojado,  junto con los otros 222 presos políticos que sí abandonaron el país, de su nacionalidad, hecho completamente inconstitucional  y violatorio de los derechos humanos esenciales.

La actuación contra Monseñor  se suma a la larga persecución de las voces críticas de la Iglesia Nicaragûense.  Según  la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, la Iglesia Católica de Nicaragua  ha sufrido más de 250 agresiones por parte del régimen de Ortega y sus simpatizantes que incluyen golpizas a sacerdotes, profanación de templos,  encarcelamientos, destierros, expulsiones de religiosas, quemas, asedios y ataques armados.

Ojalá  que el recuerdo  de estos dos obispos, alimente el valor de los seguidores de Jesús para denunciar con valor toda práctica violatoria de los derechos humanos y nos impulse a trabajar con constancia y entusiasmo  y con métodos no  violentos, por un mundo de justicia y hermandad, donde todos podamos vivir con dignidad y expresar sin miedo nuestras ideas.